Por Redacción 
El Poder Ejecutivo decidió vetar en su totalidad el proyecto de ley que buscaba redistribuir automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en un desafío a los gobernadores que reclamaban un reparto más equitativo. El objetivo de Javier Milei sigue siendo no tocar el déficit.
En medio de un clima de tensión entre el Gobierno Nacional y las provincias, y después de una dura derrota de LLA el pasado domingo, el presidente de la Nación vetó completamente el proyecto de Ley Nº 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, que buscaba modificar el esquema de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La decisión, plasmada en el decreto presidencial 652/2025, se fundamenta en la necesidad de “mantener la naturaleza discrecional de estos fondos, concebidos como una herramienta excepcional para atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales, y no como parte de la masa coparticipable de distribución automática”.
El proyecto vetado proponía redistribuir los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, creado por la Ley Nº 23.548, según los coeficientes de coparticipación establecidos en dicha norma, incluyendo los porcentajes reconocidos a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, establecía que esta redistribución sería diaria y automática, equiparándola a los fondos coparticipables, lo que, según los gobernadores, garantizaría mayor transparencia y equidad en el reparto.
Sin embargo, el Ejecutivo argumenta que esta reforma “desvirtúa la finalidad original de los ATN, que es asistir a las provincias en situaciones de emergencia, como desastres naturales, crisis económicas o sanitarias, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19”.
Según el decreto, los ATN son un “instrumento extraordinario” cuya asignación debe permanecer bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional para garantizar flexibilidad y rapidez en la respuesta a contingencias imprevistas.
El veto subraya que transformar los ATN en un mecanismo de distribución automática privaría al Estado nacional de una herramienta clave para corregir asimetrías y atender crisis focalizadas, afectando el equilibrio federal. “La privación de este instrumento para afrontar contingencias graves implica un menoscabo concreto de las facultades y recursos del Estado Nacional”, indica el decreto, citando el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, que prioriza un reparto equitativo y solidario de los recursos.
La decisión política de Javier Milei había sido anticipada oportunamente y generó un fuerte rechazo entre los gobernadores, quienes ven en el veto un nuevo capítulo en el conflicto por los recursos federales. Los mandatarios provinciales, tanto oficialistas como opositores, habían respaldado el proyecto de ley como una forma de garantizar un reparto más justo y predecible de los fondos, en un contexto de crecientes dificultades fiscales para muchas provincias.
El reclamo por una redistribución automática de los ATN no es nuevo. Las provincias han criticado durante años la discrecionalidad con la que el Ejecutivo asigna estos fondos, argumentando que, en muchos casos, las transferencias responden a criterios políticos más que a necesidades objetivas.
La sanción del proyecto en el Congreso, con amplio apoyo de los bloques legislativos, reflejaba un consenso poco habitual entre las provincias, que ahora ven frustrada su aspiración de reformar el sistema.