En una semana de alto voltaje político, el Senado aprobó la insistencia a la Ley que establece el reparto automático y diario de los ATN a provincias y CABA. La propuesta impulsada por los gobernadores fue apoyada por 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, dándole al oficialismo una nueva derrota. Ahora deberá pasar por Diputados.
La sesión de la Cámara Alta arrancó con un clima hiper distendido, en el que los senadores de todos los bloques ingresaron al recinto con un aire a victoria anticipada. El quórum se logró con casi la totalidad de los presentes, donde incluso los legisladores de La Libertad Avanza estuvieron presentes, pre anunciando el resultado.
Tras casi cinco horas de debate, la propuesta fue apoyada por todo el cuerpo político, donde se encolumnaron los bloques de Unión por la Patria, el PRO, la UCR y los bloques provinciales. El oficialismo votó casi en soledad, con los únicos dos aliados que siguen en pie, se trata de Carmen Álvarez Rivero (PRO) y Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso), acompañados de Luis Juez (PRO). Las abstenciones provinieron del entrerriano Alfredo de Angeli (PRO) y los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez (UCR).
Durante el debate, Daniel Bensusan (Frente Nacional y Popular) aseguró que “este proyecto no afecta el equilibrio fiscal”. “Lo que pedimos es la distribución. Este Gobierno sigue mintiendo a la sociedad y pisando los recursos de las provincias. No estamos pidiendo privilegios, simplemente que se cumpla la ley”, destacó.
Desde el radicalismo, Maximiliano Abad remarcó que “este veto tiene que ver con una mirada centralista, donde los criterios están invertidos y el Gobierno quiere mantener el equilibrio fiscal a costa de someter a las provincias”. En ese sentido, el fueguino, Pablo Blanco adelantó su voto a favor del rechazo: “Voy a votar rechazando el veto del PEN porque esta ley es un proyecto que presentaron al Congreso los 23 gobernadores y el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde se generan los recursos”.
Por su parte, la senadora Beatríz Ávila (Justicia Social), que era aliada del oficialismo, apoyó la Ley pero lamentó el modo de funcionamiento de la política. “No nos agrada esta dinámica que se ha instalado en la política argentina de gobernar con DNU y con vetos, no es la forma correcta. La Constitución establece los roles, los pesos y contrapesos de los poderes del Estado”, remarcó.
Por otro lado, Martín Lousteau (UCR) manifestó que “con la discrecionalidad castigan a las provincias, al Garrahan y a las universidades públicas”. “El gobierno dice que no hay plata cuando son proyectos de otros, pero para el proyecto impulsado por sus ministros sobre el nuevo régimen penal juvenil si hay. Siempre se le exige a este congreso de dónde saca la plata pero el gobierno no lo hace. Lo puede hacer por este estado de no tener presupuesto”, resaltó.
Sobre el cierre, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, señaló que «todo lo que se lleva la patria financiera en intereses y más lo están pagando los trabajadores argentinos, lo están pagando los jubilados y pensionados. Eso está pasando y por eso es necesario que este Senado se pronuncie». En tanto, Ezequiel Atauche (LLA), criticó a la oposición de avanzar con este proyecto “ahora”. “Esta es una herramienta que usaron todos los presidentes”, concluyó.