La administración de Javier Milei alista un llamado a sesiones extraordinarias que podría desdoblarse en dos tramos: del 10 al 31 de diciembre, con el Presupuesto 2026 como eje y la incorporación del proyecto de “principio de inocencia fiscal” , y un segundo capítulo durante febrero para abordar reformas “de segunda generación” —laboral y tributaria— y una actualización integral del Código Penal. En paralelo, el jefe de gabinete, Manuel Adorni y el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, abrieron conversaciones con mandatarios provinciales para garantizarse el avance de la agenda de verano, que ya van dejando sus reclamos para acompañar.
En Diputados, el oficialismo prevé reconstituir rápidamente la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que seguirá en manos de Alberto “Bertie” Benegas Lynch, para revalidar el dictamen del Presupuesto 2026 caído con el reemplazo. La intención política es que la “ley de leyes” quede aprobada antes de fin de año, con un temario acotado que incluye además el proyecto de ley que impulsa el Gobierno para fomentar el uso de los dólares “bajo el colchón”: un cambio de régimen para “blindar” a contribuyentes de buena fe, elevar umbrales del Régimen Penal Tributario, actualizar multas y acotar plazos de prescripción, tal como promovieron José Luis Espert y el titular de ARCA, Juan Pazo, desde junio.
Enero, salvo giro de último momento, aparece como mes de parate parlamentario; el segundo tramo de extraordinarias se activaría del 1 al 28 de febrero con el paquete de reformas “de segunda generación”. Allí, la Casa Rosada busca encarar la agenda laboral y tributaria y, en materia penal, pasar de la discusión aislada sobre la edad de imputabilidad a una reforma más amplia para endurecer penas frente a delitos complejos como narcotráfico y corrupción, que incluiría también un nuevo capítulo para penar los delitos informativos o digitales.
Los pedidos de los Gobernadores
En la ronda de contactos, el Gobierno reconoció demandas cruzadas. Desde CABA, Jorge Macri pidió la devolución del 1,55% de la coparticipación que la Nación le quitó a CABA en tiempos de Alberto Fernández y la Corte Suprema ordenó restituir y que los fondos adeudados “queden expresamente incluidos en el Presupuesto 2026”, tras meses de incumplimientos en el goteo acordado con Nación. En paralelo, mantuvo una reunión con el ministro Luis Caputo para “ordenar” el mecanismo de pago y cerrar la discusión en diciembre.
En la Patagonia, Ignacio Torres volvió a poner en agenda la eliminación de retenciones al petróleo convencional para sostener la producción en yacimientos maduros de la Cuenca del Golfo San Jorge. El gobernador de Chubut aseguró que existe un entendimiento con la Casa Rosada para avanzar “en breve”, medida que —afirmó— sería “histórica” para la región.
En Córdoba, la administración provincial insistió con un doble planteo: reducir las retenciones a las exportaciones agropecuarias y actualizar la deuda de Nación con la Caja de Jubilaciones , tema con antecedentes de negociación durante 2025 y que la Provincia busca consolidar en el nuevo esquema fiscal. En el NOA, los mandatarios mineros levantaron la vara sobre “minerales críticos”. San Juan pidió concluir la reglamentación o impulsar una nueva ley de Glaciares que reconozca a las provincias como autoridad de aplicación ; “es necesario concluir con el decreto reglamentario… o una nueva ley”, subrayó Marcelo Orrego, en línea con Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz. Catamarca, además, ató su reclamo a la agenda del litio, la infraestructura energética y la previsibilidad regulatoria para sostener inversiones de cobre y litio en la región.
