El avance del desastre forestal en varias provincias patagónicas tuvo un inmediato correlato en el Congreso de la Nación. Legisladores de Unión por la Patria en Diputados y Justicialista en el Senado presentaron proyectos para declarar la emergencia ambiental, ígnea y socioeconómica, con la idea de reclamar una respuesta nacional excepcional y cuestionar el recorte de recursos destinados al combate del fuego.
Tanto en la Cámara alta cómo en la baja, el peronismo busca que las iniciativas habiliten fondos extraordinarios, asistencia directa a las provincias afectadas y reforzar el rol del Estado nacional frente a una crisis que combina impacto ambiental, social y productivo.
En el Senado, el bloque Justicialista presentó un proyecto para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en las provincias patagónicas afectadas por los incendios, entre ellas Chubut.
La normativa fue presentada por Martín Soria, junto a Ana Marks, Jorge Capitanich, Eduardo de Pedro y Cristina López. Y la misma habilita al Poder Ejecutivo a disponer fondos extraordinarios, reforzar los operativos de combate del fuego y coordinar acciones con provincias y municipios para asistir a las poblaciones damnificadas y avanzar en la reconstrucción de viviendas e infraestructura dañada.
Asimismo encomienda al Ejecutivo a adoptar para preservar y restablecer las condiciones de vida de los habitantes, las condiciones de producción y empleo y la recuperación de la biodiversidad en las zonas afectadas. Para ello prioriza la reparación y construcción de viviendas, y medidas orientadas a la restauración y conservación de bosques. También establece líneas de crédito con tasas bonificadas para los afectados, la suspensión y renovación de obligaciones bancarias y deudas, y la suspensión por hasta 90 días de juicios y procedimientos administrativos de cobro de acreencias.
«Resulta imprescindible la adopción de acciones urgentes, concretas y eficientes que permitan reducir el riesgo de incendios de gran escala, preservar las condiciones de vida de la población, proteger las relaciones de producción y empleo y resguardar la biodiversidad», señalaron los senadores en sus fundamentos.
Mientras tanto, en la Cámara baja, diputados de provincias patagónicas de Unión por la Patria también presentaron un proyecto para declarar la emergencia ígnea, ambiental y socioeconómica por 180 días. Entre los autores figuran legisladores de Chubut, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego y Santa Cruz, como José Glinski, Ana María Ianni, Juan Pablo Luque, Andrea Freites, Adriana Serquis, Juan Carlos Molina, Moira Lanesan Sancho, Jorge Araujo, Paulo Agustín Tita, Pablo Todero y Marcelo Mango.
La propuesta establece como zonas afectadas a Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, y establece la obligación del Poder Ejecutivo de asignar fondos específicos para resolver medidas de asistencia por los incendios. Además habilita Aportes del Tesoro Nacional extraordinarios para mitigar el impacto. En tanto instruye a la ANSES a liquidar la duplicación de los montos para la AUH, la Asignación por Embarazo y la Prestación por Desempleo a los afectados por tres meses.
Por otra parte, establece una prórroga y exención de impuestos nacionales durante todo el 2026, suspende ejecuciones de ARCA y abre líneas de crédito con tasa bonificada del Banco de la Nación Argentina. Mientras que a nivel ambiental, la iniciativa prohíbe por diez años cualquier modificación en el uso del suelo de las áreas boscosas incendiadas.
En sus fundamentos, los diputados remarcaron que “no hay margen para la dilatación cuando el riesgo advertido se convierte en realidad y miles de argentinos ven cómo el esfuerzo de toda una vida se reduce a cenizas en cuestión de segundos”. “Ante tragedias de esta magnitud, que desbordan cualquier previsión presupuestaria local, la respuesta del Estado Nacional debe ser inmediata, solidaria y sin costura”, dijeron.
El debate sumó además fuertes cuestionamientos políticos. El diputado Máximo Kirchner (UP) reclamó que no se derogue la Ley de Manejo del Fuego y advirtió que el recorte presupuestario aplicado al área debilitó la capacidad de respuesta del Estado nacional frente a emergencias de gran magnitud. En ese marco, sostuvo que la reducción de recursos destinados a la prevención y al combate de incendios “termina teniendo consecuencias directas sobre territorios que hoy están bajo fuego”, y apuntó contra la política ambiental del Gobierno.
En tanto, desde la Coalición Cívica el diputado Maximiliano Ferraro remarcó que “es necesario que la Agencia Federal de Emergencias refuerce el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, en especial las tareas de prevención y mitigación, que son clave para reducir riesgos y daños”. Asimismo expresó preocupación porque el Presupuesto 2026 “incluye un importante recorte al Sistema Nacional de Manejo del Fuego (hoy en manos del Ministerio de Seguridad), entre ellos la reducción de horas de vuelo previstas, una herramienta clave para la detección y el combate temprano de los incendios”.
